30,nov,'09.-  La senadora por la Comunidad Autónoma Andaluza, Patricia Navarro, le reclamó hoy al Ministerio de Justicia que "le lea la cartilla a la Junta de Andalucía en materia urbanística, ante su caótica gestión".

Así lo dijo la parlamentaria del PP, en el transcurso de una pregunta oral al secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, esta tarde en la Comisión de Justicia del Senado, y en la que se interesaba por la opinión que le merecía al Gobierno el documento que 17 alcaldes socialistas de municipios pertenecientes a la comarca malagueña de la Axarquía habían entregado, hacía algunos meses, al titular de este departamento y en el que se reivindicaba que las presuntas irregularidades urbanísticas no fueran imputables por vía penal, sino exclusivamente por la contenciosa-administrativa.

Navarro recordó que, "para el PP, esta propuesta atenta contra principios fundamentales del Estado de Derecho, como la libertad y la independencia de los jueces y tribunales de justicia, que son quienes deben determinar qué legislación es aplicable en cada caso concreto".

La senadora malagueña, sin embargo, reconoció estar bastante de acuerdo en el diagnóstico que el documento exponía, no solo de la actual situación del urbanismo en esta comarca oriental de la provincia de Málaga, sino y sobre todo, de las causas que han llevado hasta el "desmadre" de hoy día. Navarro aseguró que "la falta de desarrollo reglamentario de la normativa urbanística andaluza y la lenta tramitación de los Planes Generales ha provocado, no solo importantes espacios de imprecisión y vacío legal en los que han proliferado las conductas irregulares por parte de instituciones, empresas y particulares, sino también la discrecionalidad de la administración a la hora de aplicar medidas correctoras a estas conductas o perseguirlas". A este respecto, la senadora popular aseguró no entender como "el máximo exponente de la voracidad urbanística en Andalucía, que es el Algarrobito, construido en un acantilado en pleno parque natural, con la connivencia de la Junta, no cuenta con ninguna sentencia penal y sin embargo, otros casos de menor impacto ambiental sí".

Navarro, recordó que de los 31 municipios que componen la comarca de la Axarquía, 20 cuentan con investigaciones abiertas por cuestiones urbanísticas. "A la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio le han entrado ahora las prisas por actuar, pero si el 35% de las viviendas de la Axarquía se ha construido en los últimos seis años, aumentando un 52% su parque inmobiliario en este plazo frente a un incremento de la población residente del 31%, ¿dónde ha estado la Junta todo este tiempo?"

Por otro lado, en su intervención, la senadora andaluza hizo referencia a algunos datos que la Fiscalía de Medio Ambiente había arrojado correspondientes al 2008, que ponían de manifiesto la pasividad de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que del total de 82 denuncias tramitadas por diferentes departamentos de la Junta de Andalucía en ese año, solo 14 provenían de dicha Consejería, dato que ha sufrido un importante descenso en los tres últimos años, ya que en el 2006 fueron un 89 y ya en el 2007, solo 23.

La senadora del Grupo Popular lamentó la desesperación de miles de ciudadanos, muchos de ellos extranjeros, ante la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir con sus casas, ya que sobre ellos planea la posibilidad nada remota de la demolición. Según relató, la propia Junta de Andalucía ha estimado que, solo en la comarca de la Axarquía existen un total de 10.000 viviendas ilegales, dato que algunas organizaciones ecologistas elevan a 22.000. "Es indignante que la incompetencia de la administración durante más de veinte años en una cuestión como ésta la tengan que terminar pagando los ciudadanos", indicó la senadora del PP, que pidió "que cuanto antes se busque una solución para ellos".

Navarro se refirió también a un reciente informe publicado por la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, con el que coincidió en que los principales motivos de lo que está ocurriendo es, por un lado, el enorme retraso con el que Andalucía se dotó de un régimen jurídico de ordenación del territorio y urbanismo, y es que "desde el año ochenta y uno que posee competencia en esta materia tienen que pasar trece años hasta  que se aprueba la primera ley al respecto", y, por otro lado, la falta de desarrollo reglamentario de la normativa urbanística autonómica. "Es urgente que se aprueben normas que desarrollen la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, así como que se impulse y agilice la tramitación de los PGOU, para que los ayuntamientos andaluces dispongan de todas las herramientas e instrumentos de ordenación del territorio que pongan fin a las permanentes irregularidades".

La senadora malagueña señaló que en ese mismo informe, el Defensor del Pueblo Andaluz se sumaba a la petición de la Red de Fiscales de Medio Ambiente para que se reforme el Código Penal para perseguir, de forma mucho más eficaz, los delitos urbanísticos, "justo lo contrario de lo que solicitaban los alcaldes socialistas de la Axarquía en el documento entregado al Ministro hace meses". Patricia Navarro, por último, pidió al alto cargo de Justicia que "llame al orden a la Junta de Andalucía para que cumpla con sus competencias de control urbanístico, que después de veintiocho años con ellas, ya va siendo hora de que lo haga" y le solicitó "amparo para que las consecuencias del caos provocado por su gestión no las paguen los ciudadanos andaluces de hoy y del mañana".