El PP andaluz considera inconstitucional la ley porque invade la autonomía municipal 
 
Es la primera vez que se presenta un recurso de inconstitucionalidad con el aval de los ayuntamientos 
 
El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, presentó hoy el conflicto de competencias planteado por 120 ayuntamientos andaluces por la inconstitucionalidad de la Ley de Vivienda Protegida y Suelo de Andalucía.  
Estos 120 ayuntamientos, que representan más del 30 por ciento de la población andaluza, han aprobado en pleno su decisión de plantear un recurso de competencias al considerar que la ley es inconstitucional porque vulnera de manera flagrante la autonomía local que recoge una ley básica del Estado e invade competencias municipales.   
A juicio del PP se trata de una ley intervencionista que posibilita retirar las competencias urbanísticas a los municipios sin tasar ni concretar los criterios para ello, lo que la convierte en un arma política que la Junta de Andalucía puede utilizar contra los ayuntamientos. El gobierno Chaves se convierte, de esta forma, en juez y parte, usurpando el papel que debe corresponder a los tribunales de Justicia en caso de litigio entre las administraciones.  
El conflicto de competencias planteado por los 120 ayuntamientos será presentado hoy en el Consejo Consultivo, para que elabore el dictamen previo a la presentación ante el Tribunal Constitucional, un dictamen que tiene carácter preceptivo pero no vinculante. De los 120 municipios que han aprobado en pleno presentar este recurso, en 84 gobierna el PP con mayoría absoluta y en 36 lo hace con acuerdos con otros partidos.         
VPO Y RETROACTIVIDAD  
Por otro lado, esta misma semana el grupo de diputados del Partido Popular en el Congreso de los Diputados presentará ante el Tribunal Constitucional un recurso que, además de los argumentos planteados en el recurso de los ayuntamientos, incide en la inconstitucionalidad del carácter retroactivo de la Ley de Vivienda Protegida y Suelo en relación con las Viviendas de Protección Oficial (VPO).  
El PP entiende que la retroactividad de la ley lesiona los derechos de los andaluces más débiles, ya el derecho de tanteo y retracto por parte de la Junta de Andalucía significa cambiar las reglas del juego en perjuicio de los propietarios de VPO.  
El Partido Popular considera inconstitucional que este derecho de tanteo y retracto tenga efectos retroactivos y considera que debería aplicarse a las viviendas construidas con posterioridad a la entrada en vigor de la ley.   Lo contrario significa tratar de responsabilizar a los propietarios de VPO del fraude y la especulación urbanística, cuando precisamente esta ley evidencia el fracaso del gobierno Chaves tanto en el control del urbanismo en Andalucía como en la construcción de vivienda protegida.