Málaga, 1 de septiembre de 2011.- El secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, ha criticado hoy que "la mala gestión socialista" haya dejado a más de una decena de municipios de la provincia sin poder recibir transferencias del Estado, "lo que seguro empeorará la situación económica en la que estos pueblos se encuentran".

"Esta lamentable circunstancia se ha dado en su mayoría en municipios gobernados por el PSOE, formación especialista en ejercer el descontrol presupuestario en aquellas administraciones por las que pasa", ha señalado el dirigente popular.

En concreto, de los 15 municipios que se han visto afectados por esta medida al no haber presentado en plazo la liquidación de sus presupuestos de 2010, nueve estaban gobernados por el PSOE en la anterior legislatura.

Por esta razón, considera que los dirigentes socialistas malagueños "poca o ninguna legitimidad tienen para hablar de propuestas económicas o de austeridad, cuando sus alcaldes han propiciado que el Gobierno central les corte el grifo por no poder justificar sus gastos".

El secretario general de los populares malagueños se ha mostrado "muy sorprendido" de que desde el PSOE no haya habido una reacción ante este episodio, "y resulta incomprensible y alarmante que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no haya dicho nada al respecto".

"O bien prefieren mirar hacia otro lado o es que su antimunicipalismo los ha vuelto insensibles con los problemas a los que se enfrentan día a día los ayuntamientos, asfixiados por un injusto modelo de financiación local y ahora perjudicados por la nefasta gestión de unos irresponsables dirigentes socialistas", ha lamentado el dirigente popular.

Salado ha mostrado su preocupación ante esta situación "porque los vecinos no tienen culpa de que se haya producido pero ahora van a ver mermados los ingresos que reciben sus ayuntamientos, y eso va a repercutir negativamente en su crecimiento y progreso".

Salado ha anunciado que el PP en la Diputación de Málaga presentará una moción para que el Estado reconsidere esta medida, "sobre todo para salvaguardar el interés de los vecinos y echar una mano a unos ayuntamientos que lo están pasando realmente mal por culpa de la crisis y de las medidas improvisadas del Gobierno socialista".